Por Diego Luna Quevedo, especialista en Política y Gobernanza de Manomet Conservation Sciences
Proteger nuestras playas también es una decisión política. Y esa decisión ya no puede seguir esperando.
Esta práctica representa un riesgo para la seguridad de las personas que disfrutan de las playas y provoca graves daños en nuestro patrimonio natural. Hace tiempo que se han traspasado todos los límites aceptables de la convivencia social y del respeto por nuestro entorno.
A pesar de que el tránsito de vehículos en las playas está prohibido por la Orden Ministerial Nº 2 del Ministerio de Defensa Nacional, la regulación vigente ha demostrado ser insuficiente e inoperante. Las dificultades de fiscalización, la falta de recursos y la ausencia de mecanismos efectivos de control han permitido que esta práctica persista con preocupante impunidad.
Las consecuencias son particularmente graves para las aves playeras. Especies como el Pilpilén común (Haematopus palliatus) y el Chorlo nevado (Anarhynchus nivosus), que ya enfrentan amenazas para su conservación, ven comprometida su reproducción por destrucción de nidos y atropello sistemático de polluelos. En algunos sitios de la costa chilena, el éxito reproductivo de estas especies llega a ser prácticamente cero. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que esto ocurra?
El proyecto de ley que busca enfrentar esta problemática (boletín 15.666-12) ingresó al Congreso en enero 2023 y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional. Durante enero 2026, la Sala del Senado lo puso en tabla para su votación bajo la modalidad de «fácil despacho». Sin embargo, la discusión se interrumpió al constatarse que, por su naturaleza técnica y alcance, el proyecto requería un debate y una votación que no podían resolverse mediante ese procedimiento simplificado.
Resulta urgente e impostergable reponer la votación. Llevamos más de tres años de tramitación y seguimos sin una decisión definitiva. Este importante proyecto de ley permite aumentar alcance de fiscalización, incluyendo además de la Autoridad Marítima a Carabineros de Chile y municipalidades. Las infracciones serán sancionadas con multas de 5 UTM y en caso de reincidencia, se aplicará el doble de la multa establecida, procediéndose a la suspensión de la licencia de conducir por un período de seis meses a dos años e inhabilidad para obtenerla hasta por el mismo período.
Se trata de dotar al país de herramientas legales más claras y efectivas para proteger ecosistemas que hoy se encuentran expuestos a prácticas altamente destructivas.
Por supuesto que una ley no resolverá por sí sola todos los problemas de nuestro borde costero; se necesitarán recursos, coordinación institucional, fiscalización efectiva y sobre todo, un cambio cultural respecto de nuestra relación con la naturaleza y nuestros bienes públicos. Pero contar con reglas claras y herramientas para hacerlas cumplir es un paso básico e indispensable.
Mientras el Senado mantiene postergada la votación de este proyecto de ley, cientos de nidos y huevos de aves playeras siguen siendo aplastados día a día y los pichones que logran nacer, mueren sistemáticamente bajo las ruedas de quienes “disfrutan” transitando con sus vehículos en zonas costeras.
Proteger nuestras playas también es una decisión política. Y esa decisión ya no puede seguir esperando. Junto con las sanciones que debe imponer prontamente la nueva ley, debemos hacer todos los esfuerzos posibles que estén a nuestro alcance como sociedad, para erradicar esta brutal práctica.